La promulgación de 48 decretos con fuerza de ley el 12 de noviembre de 2001, encendió las alarmas en los sectores reaccionarios, los cuales iniciaron una escalada de acciones para derrocar al Gobierno BolivarianoPalacio de Miraflores, Caracas. El golpe de Estado del 11 de abril de 2002 es el resultado de la más cruenta conspiración de las grandes empresas de televisión privadas, las cúpulas empresariales, políticas, militares y eclesiásticas envenenadas por el sistema capitalista; los banqueros y el interés de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos en el petróleo del país, los cuales se unieron con una sola misión: Derrocar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, legítimamente electo por el pueblo venezolano.
La búsqueda incansable de la equidad, la justicia social y el desarrollo integral de Venezuela, impulsada por el mandatario nacional, encontró en el camino grandes adversidades auspiciadas por actores nacionales e internacionales, transformándose en una inconsciente y férrea oposición a los cambios profundos que comenzaba a implementar el Gobierno Bolivariano.
La promulgación de 48 decretos, el 12 de noviembre de 2001 (dictados de acuerdo con la ley habilitante de fecha 13 de noviembre de 2000), para reivindicar los derechos del pueblo venezolano en los sectores agrario, pesquero, energético, entre otras áreas que atravesaban una situación crítica, encendió las alarmas en los sectores reaccionarios, los cuales iniciaron una escalada conspirativa para derrocar al Gobierno.
El cambio del sistema gubernamental de una “democracia” representativa hacia una verdadera democracia participativa y protagónica, y la firme voluntad del jefe de Estado de redistribuir la riqueza petrolera para el beneficio de todo el pueblo venezolano y no para una minoría privilegiada, provocó en quienes no aceptaban perder privilegios, sumarse a la gran conspiración.
El 10 de diciembre de 2001 comenzó un paro patronal —aunque no obtuvo los resultados esperados por la cúpula sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)— y se alentó el descontento en Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa) mediante constantes mentiras y estratagemas, como la de retrasar el aumento anual con la justificación de una supuesta “falta de recursos”.
Para contrarrestar las confabulaciones incrustadas en la estatal petrolera, el presidente Chávez, el 7 de abril de 2002, cambió la plana mayor de Pdvsa, durante la transmisión del programa Aló Presidente número 101, decisión que fue asumida por los golpistas como una agresión contra el sistema meritocrático en la empresa más importante del país.
La sedición, auspiciada por el Gobierno imperial de Estados Unidos y avalada por los apátridas, rápidamente se esparció entre un grupo de opositores al Gobierno Bolivariano, como consecuencia de la implacable campaña mediática perfilada hacia la satanización del presidente Chávez y la desestabilización del país.
La estrategia mediática consistió en implementar el miedo, rechazar la alianza entre Cuba y Venezuela —insistiendo en la “cubanización” de la nación y la “implantación del comunismo”—, y exacerbar los ánimos de los venezolanos para que salieran a manifestar en contra de la supuesta violación de las libertades de los habitantes de Venezuela por parte del jefe de Estado, quien en realidad buscaba romper las cadenas de dominación para liberar a la Patria.
Cada declaración de los voceros políticos, empresariales, nacionales e internacionales estaba escrita, cada paso de los opositores estaba programado, cada manifestación estaba diseñada y cada uno de los elementos expuestos formaban parte del plan: el golpe de Estado del 11 abril de 2002.
Pruebas de un plan orquestado
El 6 de abril de 2002 la CTV convocó una huelga de 24 horas para el martes 9 de abril, justificándola en falsos reclamos salariales. A esta convocatoria se sumó la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), una asociación empresarial.
Al día siguiente el presidente Chávez anunció un aumento de sueldos de 20 por ciento. Sin embargo, hicieron caso omiso de la información y continuaron con el plan. El 9 de abril se declaró el paro (en marcha desde el 6 de abril) como una huelga general indefinida. La gerencia de Pdvsa y parte de sus trabajadores se plegaron al paro.
La voz del alto funcionario del Gobierno estadounidense, Carl Ford, exresponsable de Inteligencia en el Departamento de Estado, se hizo sentir expresando su supuesta “preocupación” por lo vivido en el país: “Todos nosotros estaremos muy vigilantes de lo que sucede en Venezuela y en particular con el presidente Chávez”.
Por su parte, George Tenet, para entonces director de la Agencia Central de Inteligencia Central (CIA) dijo: “Obviamente Venezuela es importante, ya que es el tercer mayor productor de petróleo”. Las palabras de los funcionarios son el fiel reflejo de su complicidad con el plan que buscaba la salida forzosa del presidente Chávez.
El 10 de abril de 2002 el general Néstor González González también manifestó su supuesta preocupación diciendo que “el Alto Mando Militar tiene que decirle al señor Presidente: aquí la causa de todo esto es usted, ¡váyase! Entonces el Alto Mando Militar tendrá que asumir esa posición porque si no, alguien la va a asumir por ellos”. Dejó ver entre líneas lo que ya tenían planificado: el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
Seguidamente, los actores políticos Pedro Carmona Estanga —para entonces presidente de Fedecámaras— y Carlos Ortega —presidente de la CTV— llamaron a una marcha para el 11 de abril, desde el entonces llamado Parque del Este hasta la sede de Pdvsa en Chuao.
El 11 de abril de 2002 las calles del país amanecieron sombrías por el odio que irradiaban los opositores hacia el mandatario nacional, quienes marchando hacia Pdvsa Chuao —destino acordado y permisado por las autoridades—, fueron desviados al Palacio de Miraflores, donde fueron utilizados como carnada para terminar de ejecutar el plan.
La marcha fue desviada a la sede del Gobierno para provocar el enfrentamiento entre los compatriotas que se agruparon en las inmediaciones del Palacio de Miraflores para defender el proyecto libertario y al líder de la Revolución Bolivariana, y quienes lo adversaban. El plan era que hubiera muertos para justificar sus intenciones: culpar al jefe de Estado de masacrar al pueblo venezolano.
El derramamiento de sangre también estaba escrito en su cruento guión golpista, pues ubicaron premeditadamente, en las adyacencias de Miraflores, a francotiradores y efectivos de la Policía Metropolitana —para entonces controlada por el alcalde mayor Alfredo Peña, opositor—, con la orden de herir y matar a los venezolanos de ambos bandos, así como a periodistas y reporteros gráficos, quienes se encontraban en el lugar dándole cobertura a los acontecimientos.
En cadena de radio y televisión el presidente Chávez llamó a la calma, pero los medios cómplices del plan decidieron dividir la pantalla para mostrar su estocada final: los muertos. Minutos antes el jefe de Estado había ordenado activar el Plan Ávila para contener la marcha opositora y evitar una explosión mayor, pero el exjefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (Cufan), general de división Manuel Antonio Rosendo, no lo ejecutó por estar vinculado con los militares golpistas, quienes necesitaban las muertes para justificar el golpe.
Tanto el general Guaicaipuro Lameda como el contralmirante Carlos Molina Tamayo (integrantes de la cúpula militar golpista) estuvieron al frente de la marcha opositora hasta las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Curiosamente, minutos antes de que comenzaran los disparos de los francotiradores para concretar la masacre ya planeada, desaparecieron del escenario, y sus próximas apariciones fueron en los canales privados para culpar al presidente Chávez de las muertes de los venezolanos.
Los representantes de Fedecámaras y la CTV también acusaron al Gobierno Bolivariano y a su máximo dirigente como el responsable de los decesos registrados en las cercanías de Miraflores (Puente Llaguno, avenidas Urdaneta y Baralt), y denunciaron la actuación de francotiradores, supuestamente desde la sede presidencial.
Los medios de comunicación nunca cesaron su campaña. Como ejemplo se tiene la célebre edición extra que imprimió el diario El Nacional el 11 de abril de 2002, la cual comenzó a circular pasado el mediodía, horas antes de que concretaran su plan. La primera plana de la edición extra tituló: “La batalla final será en Miraflores”.
No se trata de una coincidencia o de una anticipación a los hechos, sino de empresas de comunicación privadas y diarios de circulación nacional que participaron directamente en la conspiración para derrocar al presidente Chávez, en una atmósfera conflictiva que ellos mismos contribuyeron a instaurar.
Para silenciar la verdad, el entonces gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, cerró el canal del Estado, Venezolana de Televisión, clausurando las transmisiones y cercenando la libertad de información, como resultado de la terrible coalición de los opositores, quienes actuaron irracionalmente y al margen de la ley.
Un manto de desconsuelo, incertidumbre, rumores, mentiras, controversia y acusaciones se cernió sobre el Palacio de Miraflores, en los hombres y mujeres de Venezuela, en definitiva, en el suelo de la Patria del Libertador Simón Bolívar, lo que culminó con la noticia sobre la supuesta renuncia del jefe de Estado y de Gobierno, Hugo Chávez, quien decidió entregarse a los golpistas para evitar más derramamiento de sangre.
El dignatario venezolano permaneció secuestrado e incomunicado, pero gracias al clamor de un pueblo y la fortaleza de la Fuerza Armada Nacional, en tan sólo 48 horas la verdad salió a la luz pública, permitiendo restablecer el orden constitucional y el retorno del presidente Chávez al poder: “¡Volvió! ¡Volvió! ¡Volvió!”.
Se quitaron la careta y consumaron el golpe de Estado
En los días previos a la consumación del golpe de Estado de abril del 2002, “había un clima preinsurreccional que sin embargo venía acompañado de un discurso de supuesta rectificación. Después fue que se quitaron la careta y consumaron su golpe de Estado sin mayores escrúpulos ni disimulo”.
Así respondió el periodista Ernesto Villegas —quien participó en la retoma del canal Venezolana de Televisión— al ser consultado sobre los acontecimientos acaecidos en los días previos y durante la ejecución del golpe de Estado de abril de 2002.
Los promotores del golpe de Estado expresaron “un discurso bastante insincero”, reiteró Villegas manifestando que los golpistas comenzaron pidiendo la rectificación de las políticas del Gobierno de Chávez, y sólo en un momento determinado comenzaron a plantear la renuncia del presidente Chávez y cambiaron la consigna de “Ni un paso atrás” por “Ni un día más”.
Abril de 2002: fecha de dolor y traición
A diez años del golpe de Estado de abril de 2002, Ricardo Durán —periodista que cubrió los sucesos de los días 11, 12 y 13 de abril— les envió un mensaje a quienes ejecutaron esa terrible acción: “El pueblo no es el mismo, el Gobierno no es el mismo (…) por eso quienes intentan de nuevo aplicar la violencia, recibirán la misma respuesta, pero con mayor contundencia y con mayor brevedad, como la dio el pueblo el 13 de abril; por eso aseguro que ¡cada 11 tiene su 13!”.
El periodista Durán calificó los sucesos como momentos de dolor para el pueblo heroico del Libertador Simón Bolívar, y como una fecha nefasta y de traición no solamente para el presidente Chávez, sino también para los habitantes de esta nación.
Expresó que las empresas de comunicación mentían abiertamente con el propósito de derrocar al Gobierno, y ante esa situación de falsedad se arraigó en el pueblo el compromiso de desenmascarar a esos medios de comunicación; los mismos que en la actualidad, conjuntamente con los lacayos imperiales, trabajan para implementar el escenario de violencia, porque “ellos saben que no tienen ningún tipo de posibilidad de victoria ante nuestro comandante Presidente en un escenario democrático”.
La agresión imperial avalada por medios de comunicación
La agresión imperialista es la última modalidad imperial, aseveró el presidente Chávez, indicando que le han añadido la transmisión en vivo por televisión de sus estrategias guerreristas, las cuales consisten en: “Armar movimientos opositores para generar guerras civiles y derrocar gobiernos. Entonces vienen los grandes países —empezando por Estados Unidos— y condenan a los gobiernos que salen a defenderse, acusándolos de que son ellos los que matan a su pueblo”.
«Es lo mismo que pasó aquí el 11 de abril. No lo olvidemos. El imperio señalaba: “Chávez asesino, mandó a matar en Puente Llaguno, en la Avenida Baralt a un pueblo desarmado. Él les ordenó a los militares salir a matar”; y era al revés la situación», expresó el jefe de Estado y de Gobierno, Hugo Chávez, el pasado 5 de abril 2012, durante la Misa de Acción de Gracias realizada en el estado Barinas.
Prensa Presidencial
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