Así lo aseveraron los dirigentes de los partidos de la alianza oficialista, que con pruebas en mano, agregaron que también exhortarán al Ministerio Público a sumarse a las investigaciones, al tiempo que exigirán a la Contraloría General de la República desempolvar el expediente del caso Banvalor, “que está engavetado por algunos funcionarios corruptos que allí laboran, a espaldas de la Contralora General encargada, Adelina González”.
Según los dirigentes del Polo Patriótico, el también candidato presidencial opositor se ha valido de los cargos que ha desempeñado en la administración pública (ocho años como alcalde del municipio Baruta y tres como gobernador del estado Miranda) para cometer fraude contra la nación.
“El modus operandis mediante el cual Capriles ha desangrado las finanzas públicas, es asignando a empresas de su entorno familiar y a poderosos grupos económicos, los contratos multimillonarios que se gestaron desde la Alcaldía de Baruta entre los años 2000 y 2008, al igual que los manejados en la Gobernación de Miranda desde el 2008”.
De acuerdo a las pruebas que tienen González, Reyes y Henriquez del emporio Radonski forman parte Desarrollos Insamar, C.A., Desarrollos San Martín, C.A., Empresas Boralis, C.A., y Empresa Promotora Parque Las Delicias, C.A., “que si se revisa con detenimiento, es a esas compañías a dónde han ido a parar, ‘casualmente’, los mejores contratos de los gobiernos de Capriles, que triangulan con otras empresas para tratar de borrar las huellas del fraude a la nación”.
Nada más que por este delito, González afirma que el Código Penal, en su artículo 466 se estipula que la estafa y otros fraudes contempla “una prisión de uno a cuatro años a quien defraudare a otro promoviendo una sociedad por acciones en que se hagan afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía o se oculten fraudulentamente hechos relativos a ella’.
¿Por qué ustedes hacen estas denuncias cuando Capriles Radonski lidera las encuestas para ser el candidato presidencial opositor que enfrentará a Hugo Chávez el próximo 07 de octubre?
Por representar la doble moral de una parte de la oposición que estafa el erario público nacional y acusa a la revolución de los desmanes que ellos cometen. Acusa a Diosdado Cabello de corrupto sin presentar ninguna prueba, en cambio nosotros sí estamos consignando a las autoridades todas las pruebas en contra de Capriles Radonski. La gente que lo apoya debe abrir los ojos y saber quién es ese sujeto que en caso de llegar a Miraflores, va a entregar el país a los grupos económicos que van a dejar en la extrema pobreza al pueblo venezolano.
Finalmente, los dirigentes revolucionarios sostienen que Henrique Capriles Radonski, en vez de estar de candidato presidencial y gobernador del estado Miranda, “debe estar en prisión por corrupto”, por lo que exhorta a las autoridades a cumplir con su trabajo.
“Capriles Radonski debe estar tras las rejas por corrupto”
A cambio de inmunidad absoluta y devolución de sus bienes, José Antonio Briquet, hermano del operador político del gobernador del estado Mirada –el diputado regional Armando Briquet-, supuestamente es el encargado de reunir un pote multimillonario en Miami para financiar la campaña del candidato presidencial de Primero Justicia.
“Los banqueros prófugos y dueños de casas de Bolsa que están en Miami son los principales financistas del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quienes hicieron un pote y acumularon 700 millones de dólares para su campaña”.
Así lo aseguraron Carmelo González, Ramses Augusto Reyes y Asdrubal Henriquez, en la redacción de Primicias24.com, quienes junto a un equipo de siete abogados penalistas consignarán próximamente en la Fiscalía General de la República, las pruebas que sustentan sus acusaciones en contra del también candidato presidencial del partido opositor, Primero Justicia.
Según los dirigentes, los directivos de la empresa intervenida por el Gobierno, Seguros BanValor, los hermanos Gabriel y Leopoldo Castillo Bozo, figuran entre los financistas principales de Capriles Radonski.
Ambos estaban radicados en la ciudad estadounidense de Miami desde hace poco más de dos años pero extraoficialmente se encuentran actualmente en República Dominicana (La Romana), donde disfrutan parte del dinero que le robaron a los ahorristas venezolanos, desde que la justicia venezolana los acusó del delito de Simulación de Operaciones Bursátiles, tipificado en el artículo 138 de la derogada Ley de Mercado de Capitales.
De acuerdo a la información que manejan González, Reyes y Henríquez, la vinculación de los hermanos Castillo Bozo quedó sellada cuando la Gobernación del estado Miranda le entregó de manera irregular, el 17 de febrero de 2009, la póliza de seguros de todos sus trabajadores a Seguros BanValor –propiedad de los Castillo Bozo-, a pesar que fue la oferta más costosa y la licitación había sido ganada por Multinacional de Seguros propiedad del empresario Tobías Carrero, el cual fue víctima de ese despojo.
En ese sentido, González recordó una declaración de Tobías Carrero –dueño de Multinacional de Seguros-, quien aseguró que su ofrecimiento era 17 mil millones de bolívares inferior al que finalmente vendió de BanValor a la Gobernación del estado Miranda, causándole un daño patrimonial al erario público nacional.
Otro de los que podría haber aportado al “pote” de dólares para Capriles sería Humberto Ramírez, ex director general del Banco InverUnión, quien también está huyendo de la justicia venezolana y está evadido en Miami, junto a Gonzalo Tirado quien era el presidente de esa entidad.
Al parecer, quienes fungen de enlace entre Capriles y los banqueros prófugos, “ofrecieron a esos ladrones total inmunidad, y un seguro regreso a Venezuela, garantizándoles impunidad absoluta y devolverles los bienes confiscados por el Estado venezolano a cambio del ‘pote’ mil millonario, que juntaron en Miami para financiar la campaña electoral del gobernador mirandino”
Es por ello que los directivos de UPV y CRV, comienzan a sacar cálculos y exigen a las autoridades que le metan la lupa a los gigantescos gastos que ha hecho Capriles Radonski en publicidad. “Ha sacado más de 300 mil pendones a un precio aproximado de 250 bolívares fuertes cada uno, sin incluir lo que ha ido a parar en radio, televisión, medios impresos y digitales, vallas publicitarias, franelas, trípticos y volantes, comida, movilización, sonido, tarimas, vehículos, entre otros… es una campaña realmente onerosa que incluso es desleal con sus adversarios en la oposición, que no tienen ni de cerca los recursos de los que dispone la ultraderecha encarnada en Primero Justicia”.
Enlace con Miami
González, Reyes y Henríquez, también exigen que sea investigado José Antonio Briquet, hermano del operador político de Capriles, el diputado regional mirandino Armando Briquet, quien viaja constantemente a Miami y es el presunto enlace entre los banqueros prófugos así como de los dueños de casas de Bolsa, con el gobernador del estado Miranda.
Según los dirigentes oficialistas, “José Antonio Briquet se ha hecho multimillonario durante el Gobierno de Hugo Chávez, llegando al extremo de poseer una mansión en Los Chorros, al igual que oficinas en El Rosal y Campo Alegre, desde donde tiene su centro de operaciones”. Igualmente, piden que se determine si es dueño de un avión privado.
“También consideramos pertinente exigirle al Seniat así como la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) el origen de la riqueza de Briquet, sus relaciones con los prófugos así como de dónde sale el dinero que está financiando la campaña de Henrique Capriles Radonski”.
Otros investigados
Existe otro grupo de personas que para estos dirigentes del Polo Patriótico, deben ser investigadas en este red de financiamiento ilícito cuyas ramificaciones convergen todas hacia Capriles Radonski.
“El Ministerio Público debe indagar sobre quién es Antonio Rondón, quien presuntamente es corredor de seguros, por su relación con Briquet y las pólizas que asignó la Gobernación de Miranda a BanValor y a las demás empresas de corretaje de seguros”, afirmaron.
Asimismo solicitarán ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República y la Superintendencia de Seguros, que se investigue al ciudadano Patricio Pezoa, corredor de Seguros Federal y presidente de la empresa Brofinsa S.A., “porque queremos determinar si esa compañía ha contratado pólizas con empresas del Estado, porque tenemos entendido que el presidente Hugo Chávez eliminó la intermediación entre las sociedades de corretaje y los seguros, por lo que las negociaciones deben hacerse de forma directa con los entes públicos, y al parecer, Brofinsa S.A. tiene en su cartera de clientes a empresas públicas”. Cabe destacar que por información de los trabajadores revolucionarios de Sidor, esta empresa financió a un sector de Primero Justicia y Voluntad Popular en el estado Bolívar para que no denunciaran el otorgamiento de la póliza de seguros patrimoniales de esta estatal, así como de financiar a dirigentes sindicales que ayudaran a meter preso a Luis Velasquez, para ellos colocar otras personas en esos cargos y mantener la mafia de la cabilla intacta.
A continuación los documentos:
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